PULSO
Eduardo Meraz
Ante la imposibilidad presidencial de seguir su andanada contra Xóchitl Gálvez, la claque legislativa cuatroteísta entra al relevo en la ofensiva hacia la más aventajada aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, a fin de ocultar los desastres petroleros y el incremento de la deuda externa, con lo cual dejan a las corcholatas descobijadas y a la intemperie.
La sesión de hoy en la Comisión Permanente del Congreso mostró, como el “factor X” está provocando diversos grados de locura entre la bancada guinda, dispuesta a llegar hasta la ignominia, con tal de agradar al habitante temporal de Palacio Nacional, al cual las autoridades electorales le pusieron sordina a su persistente interés de meterse en el proceso de renovación de poderes en 2024.
La estridencia y performances de los legisladores morenistas es directamente proporcional al crecimiento en la aceptación ciudadana de la senadora Gálvez Ruiz, a quien le han bastado unas cuentas semanas para superar a sus contrapartes del oficialismo.
Más aún, en este pequeñísimo lapso, Xóchitl ha generado una presencia mediática superior a la alcanzada por el actual mandatario sin nombre y sin palabra, cuando enfrentó el desafuero en 2005, y que se ha multiplicado gracias a las “benditas redes sociales” y a la torpeza de la claque cuatroteísta en su pretensión de resaltar las debilidades de Gálvez Ruiz.
El interés dinámico mostrado en los días recientes por la llamada opinión pública en cómo se van desarrollando los prolegómenos de la contienda electoral de 2024, ha servido al oficialismo para quitar la atención sobre los desastres petroleros de las últimas semanas, pues tendrán un costo adicional en la calidad de los servicios gubernamentales y en los niveles de vida de la población.
Esto es así, porque el ejecutivo totalmente Palacio Nacional no está dispuesto a sacrificar recursos para cumplir con los plazos de entrega de sus obras emblemáticas, restándolos a programas sociales, como salud, educación y servicios básicos como agua, luz, drenaje, etcétera.
A eso debe añadirse la menor recaudación de impuestos, conforme a lo presupuestado originalmente, por lo cual empiezan a surgir problemas en las finanzas públicas y no hay más remedio que solicitar préstamos en el exterior.
El pasado 23 de junio, el Banco Mundial aprobó a la actual administración una nueva línea de crédito por 700 millones de dólares; es decir, en cuatro años y medio, el gobierno cuatroteísta, ha más que duplicado el endeudamiento tenido durante el mandato de Enrique Peña Nieto en todo su sexenio.
Con base en cifras de la Secretaría de Hacienda, en 55 meses, la administración de ejecutivo innombrable ha solicitado 10 créditos por un monto de 5,255 millones de dólares. En los seis años de la administración de Peña Nieto se solicitaron créditos para 16 proyectos por un monto de 2,521 millones de dólares.
Según información de la SHCP, a junio de 2023, la deuda neta del Gobierno Federal se ubica en 11 billones 705 mil millones de pesos, mientras a finales de 2021, el saldo ascendía a 10 billones 395 mil millones de pesos. Es decir, en el último año y medio, el endeudamiento aumentó en 1.4 billones de pesos.
El obligado silencio no inocente ni convencido del mandatario palaciego sobre el venidero proceso electoral y la irrupción expansiva de Xóchitl Gálvez, anticipa una andanada de sus huestes, para tratar de contener o desbarrancar su posible candidatura presidencial.
No vaya a ser que los desastres petroleros sean el menor de los males para el oficialismo, ante la epidemia de derrames de bilis que se avecinan si el Tribunal Electoral determina que las corcholatas ya no podrán seguir con sus campañas no campañas.
La magistrada Jeanine Otalora considera que “los actos, eventos, recorridos, foros, propaganda y difusión que el partido y las personas aspirantes han recibido al amparo de dicho proceso configuran actos de promoción cometidos en uso abusivo de un derecho y generando un evidente fraude a la ley para burlar las restricciones que la normativa impone para la comisión de actos anticipados”.
Una acción similar se le aplicaría a la alianza opositora; claro, después de haber permitido durante dos años, que las corcholatas hicieran proselitismo. Así la equidad e imparcialidad de las autoridades electorales, en caso de aprobarse.
He dicho.
@Edumermo
