María Elena ‘N’, alcaldesa de Amanalco, permanecerá en prisión preventiva justificada tras la determinación de un juez del Estado de México este domingo.
La funcionaria enfrenta acusaciones de homicidio calificado como presunta autora intelectual del asesinato del exsíndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, ocurrido en 2023.
Detalles de la acusación
La Fiscalía del Estado de México formuló imputaciones contra la alcaldesa durante una audiencia celebrada el domingo, donde presentó pruebas que la señalan como responsable de haber ordenado el homicidio.
Según las investigaciones, María Elena ‘N’ habría dado instrucciones a Miguel Ángel para que se dirigiera al municipio de Zacazonapan el 25 de enero de 2023. Durante ese trayecto, realizó una llamada en la que expresó que el síndico no estaba alineado con los intereses de la administración municipal y afirmó que la única forma de resolver las diferencias era “eliminándolo”.
Al día siguiente, los cuerpos de Lara de la Cruz y su chofer fueron localizados en un tramo de la carretera Temascaltepec-Luvianos. Según la Fiscalía, ambos fallecieron por golpes múltiples, y uno de ellos recibió un disparo en la cabeza.
La defensa de la alcaldesa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si será vinculada a proceso continuará el miércoles 27 de noviembre.
Operativo Enjambre y vínculos con crimen organizado
La detención de María Elena ‘N’ se dio el pasado viernes 22 de noviembre como parte del “Operativo Enjambre”, un despliegue de más de 1,500 elementos de fuerzas de seguridad locales y federales, encabezado por la Fiscalía mexiquense.
En este mismo operativo, también fue detenido Manuel Alejandro ‘N’, director de Seguridad Pública de Amanalco, quien está siendo investigado por su presunta participación en actos delictivos.
La investigación de la Fiscalía señala que María Elena ‘N’ podría tener vínculos con el cártel de la Familia Michoacana.
Se presume que existían acuerdos entre la alcaldesa y líderes del grupo delictivo, los cuales incluían pagos de hasta 100 mil pesos por cada decisión aprobada en el cabildo, además de la entrega de una parte significativa de los recursos municipales.
Asimismo, la Fiscalía señaló que la alcaldesa habría mantenido comunicación constante con un jefe de plaza de la organización criminal, a quien informaba sobre operativos de las autoridades locales para evitar su detención.
Próximos pasos legales
El juez del Poder Judicial del Estado de México otorgó un plazo de 144 horas para definir la situación jurídica de la funcionaria, quien permanecerá bajo prisión preventiva hasta que se resuelva su vinculación a proceso. La siguiente audiencia está programada para el miércoles 27 de noviembre.
La Fiscalía continúa las investigaciones en el marco del Operativo Enjambre, que busca desarticular vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado en diversos municipios del Estado de México.
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