PULSO
Eduardo Meraz
En momentos de mucha polarización, se celebró el 106 aniversario de la Constitución de 1917, dando lugar a tres visiones: la del apego a la ley, del poder judicial; la de buscar el diálogo entre diferentes, de parte del legislativo, y la de acabar con el neoliberalismo, del ejecutivo.
Los dos primeros en defensa de la independencia y división de poderes como garantía de un régimen democrático, y el tercero intentando derogarlo.
Mientras el mandatario hablaba de desterrar y abolir vestigios neoliberales en la Carta Magna, los representantes de los poderes legislativo y judicial propusieron vigorizar y fortalecer la Constitución.
Los discursos de los voceros de los poderes de la unión -quizá como en ningún otro momento- mostraron las intenciones, nada ocultas, en las cuales se darán las relaciones entre ellos y sus repercusiones en la vida de los mexicanos.
El presidente totalmente Palacio Nacional demandó desterrar cualquier vestigio neoliberal que continúe presente en la norma fundamental y urgió a no dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal.
La encomienda es seguir con cambios al marco legal “en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original”, acotó el presidente sin nombre y sin palabra.
Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández recordó que las autoridades tienen la responsabilidad de preservar y fortalecer la Constitución y aclaró que la autonomía e independencia de los impartidores de justicia “no es un privilegio de los jueces; es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
“La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad”, apuntó. Una Judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental, puntualizó la ministra.
Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que Tenemos una Constitución que se debe de respetar y que debemos acatar, “no se debe de hacer cambios y cambios de reformas solo así porque sí”.
El diputado observó que el diálogo entre la oposición y los partidos del oficialismo se ha frustrado y lo que “debería resolver la política” tendrá que ser dirimido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La política es también conciliación de intereses encontrados, todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de defender nuestras ideologías y posiciones políticas.
Como se observa, debemos preparados para una especie de choque de trenes entre los tres poderes, con escaso o nulo diálogo entre ellos y abundantes litigios, pues la Carta Magna se ha convertido en objeto de deseo y todos le quieren meter mano.
El oficialismo recurrirá a todos los medios a su alcance -lícitos o no- para abolir o desterrar los preceptos jurídicos contrarios a la visión monárquica del habitante de Palacio Nacional, en su creencia místico-mágica de que por su boca habla una deidad.
La falta de mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la independencia de la Suprema Corte constituyen valladares a la ambición presidencial de continuar “destazando” a la Constitución para dejarla a su imagen y semejanza.
La sociedad debe asumir su responsabilidad y actuar para impedir procesos electorales y un fin de sexenio de sobresaltos, que sería el pretexto anhelado por el mandatario innombrable para cancelar garantías y derechos de los mexicanos.
He dicho
EFECTO DOMINÓ
Si realmente la secretaria de Energía, Rocío Nahle cumple con el requisito de tiempo de residencia en Veracruz, ¿por qué se propuso la llamada “Ley Nahle”?
@Edumermo
