Ilegales, antiéticas, antimorales las campañas de desprestigio, denuncian analistas, expertos de la comunicación y el lenguaje de la psicología social, juristas y sociólogos. Las ONGs se convierten en colaboradoras, chambeadoras de sus cooperantes; de sus patrones a quienes le rinden cuenta; no así para la gente y su país; para quedar bien y congratular las organizaciones no gubernamentales tienen que recurrir a estrategias y acciones; que van más allá del daño que le hacen a la conciencia social y a sus propios principios y objetivos con el “amarillismo ambiental en sus discursos y publicidades”; ya que su fin es dar resultados a sus financiadores internacionales.
Es algo tan evidente en las acciones que realizan; exhiben sus perversos fines, tales como lo vemos permanentemente en la península de Yucatán con las ONGs Greenpeace e Indignación A. C; que con sus “supuestas defensas a causas justas y ambientales, fomentan con el amarillismo ambiental sus mensajes alarmantes de odio y catastrofismos; como pareciera unos “testigos de Jehová”; fatalistas que se va acabar el fin de mundo por ser pecadores; de la misma forma las ONGs, arman sus escándalos y a la vez siembran el terror y la división por “supuestos ecocidios” y contaminaciones; que engrandecen con sus caóticas marchas, mítines, discursos contra el desarrollo; las empresas, gobiernos, el empleo y la economía de los verdaderos campesinos e indígenas del lugar y no invasores.
Entrometidos “güeritos y güeritas ”que se ven infiltrados y encabezan las manifestaciones de odio y exceso de amarillismo para “envenenar mentes y conciencias; levantar a toda una comunidad usando y manipulando, todo con el objetivo de cumplir a sus patrones americanos y alemanes.
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Las ONGs con sus discursos y prácticas generan la confrontación y se imponen dominantes como los salvadores del orden social y medio ambiente; se desbordan con una retórica de cooperación; de la caridad y solidaridad para engendrar el odio contra el desarrollo en las comunidades y “hacer el caldo gordo” a sus intereses políticos y mercantiles; el fin último de la ONG es problematizar el desarrollo y el progreso.
De este modo, las ONG fundamentan sus proyectos de interés en buena parte frenando el desarrollo de las comunidades en el país; lo único que defienden son los privilegio de los países desarrollados; con un discurso susceptible de poseer componentes ideológicos en tanto “contribuyen a legitimar los intereses de un grupo de clase dominante”; sembrando el empoderamiento que persigue la ONG; cuidando la cooperación internacional; he ahí donde exhiben la perversa cooperación y supuesto apoyo a las comunidades; que es más bien a quienes le pagan y financian todas sus “malévolas acciones”; arropadas como los “buenos y bien intencionados defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Realmente esa es su “arma” para fomentar y afianzar el amarillismo y catastrofismo Ambiental.
Es el producto de las primeras ideas que desarrollaron desde los años sesenta cuando nos alertaron sobre la contaminación en las grandes ciudades del mundo. Nos lo “empezaron a vender” y por muchos fue comparado y más por las organizaciones internacionales; que lo vieron como una herramienta de intervencionismo; sembrar la división y el odio y más el amor por quienes supuestamente los ayudan caritativamente. En otras palabras para las comunidades y la gente creída “les sale más caro el caldo que las albóndigas” y esas albóndigas son las mejores las que se llevan las ONGs, sirviendo y cumpliendo intereses o caprichos de los tíos Sam.
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Es por eso que los ambientalistas empezaron a tomar notoriedad e iniciaron campañas con slogans que calaron muy hondo en la sociedad; primero fue la contaminación, luego la protección de las especies en extinción; más tarde el gas de invernadero, la defensa de los derechos humanos; las alertas eran válidas, pero el conocimiento científico estaba en pañales; poco a poco el estudio sobre el ambiente se volvió más serio y empezaron a introducir en los sistemas de educación de primaria y secundaria programas de tipo ambiental que generaron en todo el mundo movimientos ambientalistas fundamentalistas que agrupan a fanáticos con poco conocimiento pero fervientes defensores del tema, de allí que algunos hoy en día vean “al ambientalismo” como la nueva religión.
Y no vayamos tan lejos; precisamente en Indignación A.C; quien es el cabecilla; es un líder religioso, formado en Alemania y que conoce como las ONGs alemanas apoyan a las de los países “pobres” y necesitados; por eso reciben esos financiamientos desde el extranjero.
Pero las cosas no han quedado allí, en las últimas décadas hemos observado noticias catastrofistas sobre el ambiente que no se cumplen; por ejemplo el aumento en el nivel de los mares se viene pronosticando hace mucho tiempo; sin embargo no ocurre en las dimensiones que se señalan; en México han vaticinado hasta que “De un momento a otro vamos a “ir cayendo como pajaritos” por la contaminación del aire y la devastación.
Además de la explosión de la laguna verde; en Costa Rica también por ejemplo desde hace años se escucha decir que Puntarenas se inundará y han pasado más de 50 años y el Puerto todavía está allí; en algún momento se nos dijo que el mar ha tomado algunos centímetros, nada más, sobre el hueco de ozono casi no se habla; del calentamiento global se pasó al cambio climático. Los informes han sido cuestionados por otros científicos que no comparten los criterios políticos que dan los informes de esas organizaciones; al servicio de la ONU y de grandes corporativos políticos y financieros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Dinero, sí mucho dinero.
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Estudios elaborados desde hace ya varios años indicaba que existe demasiado catastrofismo ambiental en las ONGs, el estudio elaborado por investigadores analizan el papel de los medios que usan a la hora de construir y difundir un discurso relacionado con la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el patrimonio natural. Y concluyen que se tiende demasiado al catastrofismo. Esta investigación, aparecida en el último número de «Revista Latina de Comunicación Social», estudió las informaciones publicadas en torno a la cumbre medioambiental. Los autores hablan de tratamiento informativo alarmista y catastrofista, centrado en el riesgo de grandes desastres naturales y falta de un «tratamiento en profundidad de los verdaderos motivos políticos y comerciales.
En estos últimos años este catastrofismo se ha convertido más en amarillismo ambiental, ya no solo son exageradas esas acciones y estrategias sino la forma como las llevan a cabo; “condenan; “envenenan”; alarman con ecocidios” etc; si esto no es amarillismo ambiental, ¿Qué otra cosa podría serlo? Para llegar a esta conclusión, los investigadores –provenientes de universidades mexicanas; españolas; alemanas, británicas y estadounidenses; han desnudado “la mala intención y perversidad de las ONGs.
El amarillismo ambiental; lleva a las ONGs a ese discurso de odio es uno de los temas más complejos. Resulta difícil definir este fenómeno de una manera precisa y aplicable a distintos contextos, ya que se ubica en el punto donde se separan los derechos a la libertad de expresión individual y colectiva, así como a la dignidad humana y a la igualdad. El discurso de odio que fomentan y siembran las ONGs; ponen en tensión la necesidad de ofrecer garantías para el discurso incómodo y minoritario, al tiempo que se protege un entorno donde los derechos de las minorías, los grupos en desventaja y los históricamente discriminados no se vean afectados por la hostilidad y el potencial peligro de sufrir ataques a la dignidad; a su integridad; a las conciencias.
Es importante ver que desde una perspectiva legislativa, la noción de discurso de odio contiene dos elementos clave que permiten aproximarse a una definición: en primera instancia la incitación al daño, sea en forma de violencia, hostilidad o discriminación; en segunda instancia, la situación de la víctima como parte de un determinado grupo social o demográfico, que amerita una protección especial. En general es aceptado que estos dos elementos deben estar hasta cierto punto vinculados, es decir, que el discurso que incita al daño hacia una persona o grupo, lo hace en tanto dicha persona o grupo posee una característica o pertenece a una categoría; o intereses particulares.
Sin embargo, la definición de “daño” puede abarcar un espectro mucho más amplio: en algunas perspectivas, para que un acto de habla se considere discurso de odio debe incitar, motivar o amenazar con un acto concreto de violencia; en otras perspectivas, debería abarcar también aquellas expresiones que contribuyan a crear un entorno de intolerancia, bajo la presunción de que este tipo de entornos pueden llevar a actos de discriminación, hostilidad y violencia (Gagliardone, Gal, Alves, & Martínez, 2015). Así como usan y abusan las organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
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En este amplio espectro podemos encontrar la caracterización del “daño” en una determinada normativa será decisiva con respecto a la manera como ese “daño” se relacione con el flujo de información y sus efectos.
Del mismo modo, quienes argumentan que las expresiones de odio en el contexto de campañas negativas deben estar cubiertas por regulaciones específicas del ámbito del discurso de odio, pasan por alto la orientación de estas regulaciones hacia la protección contra la discriminación –y específicamente la discriminación de las minorías y contra las víctimas ; presuntos adversarios.
En este contexto, las legislaciones que abordan el discurso de odio tienden a ser más amplias -e incluso vagas- en su definición del acto ilícito (CIDH, 2015), y a menudo permiten incluir actos del habla considerados insultantes o derogatorios; resultando problemático pues, como señalan Gagliardone et al. (2015), en estos contextos las acusaciones de fomentar el discurso de odio pueden ser utilizadas como herramienta para controlar y censurar el disenso y las críticas, en escenarios de protesta o reclamo político.
Si bien el discurso de odio no está restringido a internet ni tiene sus orígenes allí, el consenso general es que la expansión de esta tecnología, así como la posibilidad que ofrece de diseminar mensajes a muy bajo costo, han sido factores determinantes para que ciertos grupos, anteriormente fragmentados y con menor influencia, pudieran conectarse unos con otros y generar un sentido de comunidad. Esto ha sido una ventaja para la organización social y política, y al mismo tiempo un estímulo para sectores extremistas que comparten valores e ideologías (Banks, 2010). Uso; abuso y canal que han explotado las ONGs para cumplir su cometido.
Existe una tendencia claramente marcada en América Latina hacia la aprobación de medidas restrictivas del discurso en línea, saltándose el proceso legislativo y la reserva legal que corresponde al Poder Legislativo, es decir, actuando a través de decretos presidenciales, órdenes administrativas u otros mecanismos inadecuados para este propósito; ya que organizaciones y personajes protagónicos usan indiscriminadamente.
En gran parte de América Latina existen normas que buscan regular los actos de discurso, ya sea a través de normativas contra el discurso de odio. Resulta dudosa la necesidad de regular el discurso de odio en línea a través de legislación específica que aborde el medio a través del cual se comete, sin haber justificado por qué las normas preexistentes resultan insuficientes para ser análogas al entorno en línea; más aún, resulta preocupante que se regule el discurso de odio en línea a través de normas que consideran que el medio digital debería constituir un agravante, buscando aumentar el tipo y duración de las penas específicamente para las redes sociales.
Por otra parte, los modos en que se define el discurso de odio en América Latina resultan variar en extremo, tanto en los requisitos y estándares mínimos para restringir el discurso, como en la exigencia o no del nexo causal entre el discurso y el acto violento. Para considerar que se ha configurado un delito de odio, deberían imponerse restricciones claras al acto de palabra, o delimitarse la exigencia de un daño real o potencial que pueda vincularse claramente al acto de palabra. De lo contrario, la normativa sobre delitos de odio corre el claro riesgo de convertirse en una herramienta de persecución política y social de los “blancos de las ONGs; tal como ya ha sucedido en casos donde privilegian intereses de negocios o “de lealtad”.
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Esto, sin duda, constituye una receta perfecta para la restricción de una cantidad mayor de contenido del que sería restringido de tener que pasar por un proceso judicial, por cuanto los intermediarios se ven amenazados con sanciones pecuniarias con frecuencia altas, e incluso con la pérdida de su autorización para operar; es hasta donde se debe llegar para frenar la guerra amarillista de las ONGs.
El discurso de odio constituye, en efecto, una amenaza inaceptable no solo a la dignidad y la integridad humana; sino también a la libertad de expresión y de participación política; ciudadana y de emprendimiento como persona moral; por cuanto buscan deshumanizar, silenciar y reducir a nada a sus víctimas; restringir el espacio que ocupan en la sociedad y su influencia en la discusión pública a través del miedo y el catastrofismo.
Por otra parte, resulta indispensable que las normas nacionales en la materia se adhieran a los parámetros de la prueba tripartita; que bajo ningún caso permite que sean aplicadas estas restricciones por vía administrativa ni que las leyes que restringen derechos fundamentales sean aprobadas por procedimientos alternativos al proceso tradicional de formación legislativa.
La privatización de la libertad de expresión mediante la moderación de contenido en redes sociales es un tema cada vez más urgente y delicado; y la fragmentación resultante de las diversas normas que aplican en cada jardín vallado de internet en cuanto al contenido permisible y prohibido constituye uno de los riesgos más inminentes a la libertad de expresión y por ende, al entorno democrático. Sería exigible, como estándar mínimo, que las normas relativas al contenido permitido en redes sociales y plataformas de internet se ajusten a los estándares globales en materia de derechos humanos; no solo en lo sustantivo que respecta al contenido permisible y prohibido; sino en lo referido a estándares de transparencia, garantías mínimas de proceso, apelación e información al usuario.
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Es indispensable admitir que los entornos de intercambio de información, cada vez más complejos y cada vez más fragmentados; dificultan a los ciudadanos navegar conjuntos de normas que no son consistentes entre diferentes espacios; generando un contexto de incertidumbre que no resulta propicio para la seguridad y la confianza necesarias en el ejercicio de la libertad de expresión. Devolver un grado mínimo de coherencia al contexto que permita a los usuarios navegar los espacios que emplea para expresarse con una mayor confianza y un grado razonable de certeza es el primer paso mínimo para garantizar el ejercicio de esos derechos.
El amarillismo ambiental afecta de forma negativa cualquier emprendimiento por parte de las grandes compañías de cualquier mercado de interés popular; por ejemplo, ante la salida de un nuevo producto; de un proyecto modernista; de un dispositivo electrónico, la ONG amarilla tiende inmediatamente a enfocar contenidos perversos y con defectos para provocar y generar la idea colectiva de que la empresa irá indefectiblemente a la quiebra a causa de su fracaso, y que atenta contra el cambio climático; etc; aunque nada de esto sea cierto.
Podemos concluir que el amarillismo ambiental de las ONGs; es una tendencia exagerada sensacionalista, mala y perversa; que llaman la atención en mítines, manifestaciones, protestas con imágenes y textos de accidentes, muertes, escándalos, ecocidios, etc; con espectáculos y sembrar tensión; que tiende a exaltar algunas reacciones primarias como el morbo o el rumoreo y sobre todo el odio contra quienes hasta difaman e inventan malévolamente.
